UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁMBITO SOCIAL (XII): EL MARCO DE LA EUROPA INTEERCULTURAL (Final)

UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁMBITO SOCIAL (XII): EL MARCO DE LA EUROPA INTEERCULTURAL (Final)

La Europa intercultural de los próximos años comportará asumir grandes retos y enormes posibilidades de enriquecimiento socio-cultural, al tiempo que supondrá el inevitable enfrentamiento a una serie de situaciones problemáticas cuya solución requerirá grandes dosis de esfuerzo, imaginación y voluntad por parte de los diversos estamentos sociales y políticos de la Unión Europea. 

La convergencia de políticas culturales y la necesaria adecuación a sus elementos fundamentales van a generar también, en el proceso que vive Europa, marginaciones, en el sentido de que van a provocar que distintos sectores de población tengan dificultades e, incluso, imposibilidades de conexión con ellas. 

En efecto, la Europa de la diversidad y la pluralidad traerá consigo la inadaptación social de amplios colectivos de población. Tal inadaptación adoptará formas diferentes para expresarse, siendo la conducta delictiva -la delincuencia- una de esas formas de expresión. En los lugares donde existan las condiciones sociales apropiadas para ello (el "caldo de cultivo" adecuado) habrá un mayor número de posibilidades de que miembros de la población inmigrada, los que sufran las mencionadas marginaciones, desarrollen una actividad delictiva que se sumará a la protagonizada hasta ahora básicamente por miembros de la población autóctona. Este hecho será, precisamente, uno de los que requerirá mayores esfuerzos para su solución (si bien aquí la palabra solución dista mucho de ser realista) y, además, será uno de los que provocará mayor inquietud y malestar entre la población en general. 

Los profesionales del campo de la Educación -entre otros-y concretamente los implicados en el ámbito de la intervención sobre poblaciones conflictivas o disociales, tenemos un reto y un hecho ineludible ante el cual no caben evasivas. Centraremos seguidamente nuestra atención en el sector de la población inmigrada, sin olvidar, no obstante, que no va a ser únicamente este colectivo el responsable de la delincuencia. 

Habrá que diseñar líneas de actuación que, atendiendo al principio del respeto y la tolerancia y teniendo presente el derecho a la diversidad cultural y a la diferencia, ofrezcan alternativas de comportamiento válidas y socialmente aceptables para ese colectivo infractor de la norma social. Líneas de intervención que, sin ser aculturadoras, ofrezcan o faciliten la vía para la inserción en el tejido social del país receptor. 

En la Europa intercultural, caracterizada por una gran diversidad de población, deberá imponerse la diversidad en las acciones. Factores como la edad, el sexo, la raza, la religión, el idioma, la extracción social, el país de origen, aspectos culturales e ideológicos, los factores individuales, etc. y, en definitiva, la multiplicidad de razones y motivaciones para delinquir que se esconderán detrás de todas estas variables, requerirán de los países receptores de grandes dosis de imaginación, sensibilidad y eficacia para tratar con este problema. 

Centrándonos en el tema de la diversidad en las acciones hay que apuntar que, aún siendo necesariamente diferentes, todas ellas deberán responder a un conjunto de principios generales que deberían ser asumidos por todos los países de la Comunidad a fin de garantizar la coherencia de las diversas políticas en materia de inadaptación social y, concretamente, de intervención sobre la delincuencia. Ya hay recomendaciones al respecto, pero son parciales y contemplan escasamente el hecho de la diversidad cultural; sería preciso que el Parlamento Europeo legislara sobre esta cuestión y marcara grandes líneas directrices o principios en materia de intervención que fueran vinculantes para todos los países miembros de la Comunidad. 

En nuestra opinión, los principios generales que deberían regir tales actuaciones deberían ser básicamente estos tres: principio del derecho a la diferencia, principio del respeto por las personas y principio de voluntariedad. 

Tales principios ya están recogidos implícitamente en las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de intervención sobre la delincuencia juvenil (desconocemos si hay documentos en esta misma línea en el ámbito de la delincuencia adulta), especialmente cuando hablan de la necesidad de una intervención mínima y del carácter educativo de las intervenciones. No obstante, pensamos que queda mucho camino por recorrer tanto a nivel legislativo como por lo que respecta a la propia opinión pública, elemento clave a la hora de que los políticos se inclinen por una línea programática u otra. Pensamos que tanto el vacío legislativo como los problemas de opinión pública se harán más patentes (si no lo están siendo ya), a corto y medio plazo, con el aumento de la conflictividad social (y la delincuencia callejera es sólo un elemento de esa conflictividad) derivada de esas marginaciones de las que hablábamos al principio al referirnos a la sociedad de la futura Europa intercultural. 

Sin embargo, el hecho de establecer una legislación o una declaración de principios común en materia de intervención sobre delincuencia no garantiza automáticamente que todos los países miembros de la Comunidad estén en las mismas condiciones para aplicar lo que se derive de tales principios, ya que ello dependerá de un conjunto de variables diferenciales de cada país que no analizaremos aquí y ahora. 

El Estado Español es uno de los Estados miembros en donde más patente es el atraso en materia legislativa referente a Política Criminal y Justicia Penal y, concretamente, en lo que se refiere a la intervención por orden judicial; asimismo, también la oferta de Servicios Sociales y de Bienestar Social está muy por debajo de la media comunitaria. Si bien es cierto que la asunción de los principios anteriormente comentados no es una cuestión de infraestuctua sino de actitudes, no es menos cierto que ese infradesarrollo de los servicios a la colectividad (sean provenientes o motivados por una intervención judicial o por una intervención estrictamente social) entorpecerá y dificultará en gran medida esa diversidad de acciones a la que aludíamos al principio. En definitiva, esa atención a la diversidad y esa necesidad de una oferta de acciones diversificada es un hecho inseparable de los principios del derecho a la diferencia y del respeto por las personas. El país que no esté en condiciones de ofrecer esto, difícilmente podrá asumir tales principios y, por tanto, distará mucho de ejercer una acción eficaz y, a la vez, respetuosa con los Derechos Humanos sobre esos colectivos de población que expresan y expresarán su marginación mediante la infracción de la norma social. 

Dejando aparte los principios generales y las cuestiones de tipo político, vamos ahora a centrar el tema en un plano mucho más concreto. Analizaremos muy brevemente, desde muestro punto de vista, cuáles deberían ser las intervenciones específicas que habría que poner en marcha para atender debidamente a la problemática de la delincuencia protagonizada por colectivos inmigrados. 

La mayor parte de los actos delictivos estarán motivados por cuestiones económicas o bien serán una respuesta desesperada al desarraigo, la marginación y la frustración de ver que esa Europa no es el paraíso que ellos creían o que les habían hecho creer (los efectos de la propaganda donde sólo se ve lo bueno pueden ser muy nocivos, incluso para la propia Europa). El difícil acceso a una cultura que no comprenden, el choque con unos valores que muchos no comparten, las dificultades idiomáticas, la escasa cualificación profesional, el bajo nivel instructivo y la ausencia de figuras de control (muchos serán varones jóvenes que vendrán solos, sin sus familias y sin responsabilidades inmediatas) serán, entre muchas otras más, constantes que habrá que atender de forma prioritaria. 

Los profesionales del campo de la educación tenemos aquí mucho que decir, más cuando partimos de la base de que las soluciones al problema de la delincuencia pasan por una acción socio-educativa destinada tanto a la comunidad en general como al individuo infractor en particular. 

Centrándonos concretamente en nuestro país, pensamos que es responsabilidad ineludible de las Administraciones (central, autonómica y local) poner en marcha las siguientes actuaciones: 

a) acciones compensadoras de déficits instructivos y formativo-laborales, entre las que cabría destacar las siguientes: 

1. creación de centros de formación de adultos inmigrados, donde se combinen las clases impartidas en los propios idiomas de los alumnos con el aprendizaje del idioma del país y/o comunidad receptora; 

2. diseño de programas específicos de formación profesional encaminados a cualificar o recualificar a los trabajadores cara a su posterior inserción en el mercado laboral. 

b) acciones de dinamización socio-cultural en las que, mediante la puesta en marcha de diversos programas, se anime y se asesore a las personas para crear sus propias asociaciones culturales a fin de no perder el contacto con sus costumbres y tradiciones, al tiempo que se les informa y orienta debidamente para facilitar su participación en la vida social y cultural del país receptor. 

c) acciones preventivas del delito dirigidas a aquellos inmigrados que, en virtud de distintos factores, se encuentren en un riesgo evidente de entrar en contacto con el sistema Judicial-Penal. 

d) acciones reeducadoras o reformadoras de la conducta delictiva como, por ejemplo, la puesta en funcionamiento de "Centros de Día" polivalentes donde se desarrollen programas específicos encaminados a intervenir sobre la conducta delictiva: programas de habilidades sociales, programas de clarificación de valores y cambio de actitudes, sesiones de orientación personal o "counselling", entrenamiento en la resolución de problemas de la vida cotidiana, sesiones de asesoramiento psicológico, etc. 

e) acciones socio-asistenciales que podrían cubrir un amplio abanico de aspectos; una de esas posibles acciones sería la de facilitar la reunión de la familia nuclear en el país de acogida. 

De acuerdo con estas líneas de intervención habría que dotar a los servicios ya existentes actualmente en el campo de la Justicia Penal de profesionales formados específicamente para atender a esas poblaciones característicamente diferentes de las que estamos acostumbrados a tratar (hasta ahora, prácticamente sólo el colectivo gitano era el que mostraba rasgos evidentes de diferenciación). 

Una acción paralela a la anterior debería realizarse también en el ámbito de los Servicios Sociales locales y en los servicios ofrecidos por los Departamentos de Bienestar Social (nos referimos especialmente a los servicios de atención a la infancia y a la adolescencia, pues hay que tener en cuenta que dentro de unos años nos encontraremos con la segunda generación de inmigrados). 

Pensamos que todas estas acciones, tanto las que hacen referencia específica a la delincuencia como las que son de carácter más general -extensibles, por tanto, a toda la población inmigrada que pueda tener problemas de ajuste social derivados del choque cultural- no podrán lograr resultados satisfactorios si no van acompañadas de un conjunto de cambios que deberían experimentarse en el tejido social y político de la Europa que se avecina. 

Los Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos el Estado Español, viven el fenómeno de la inmigración con temor: sus muros son cada vez más altos, los mecanismos autoproteccionistas son cada vez más numerosos. El miedo de la población autóctona a ser "invadida por los bárbaros", el miedo a ver peligrar su puesto de trabajo y un sinfín de miedos más, así como un velado sentimiento de superioridad que se adivina en la población europea - favorecido quizá por la autopropaganda que realizan los medios de comunicación y los propios poderes públicos- están propiciando la proliferación de actitudes racistas y xenófobas que en nada van a facilitar la puesta en marcha de esas líneas de intervención a las que hemos aludido, más teniendo en cuenta que son actuaciones dirigidas al ámbito de la delincuencia. En efecto, muy probablemente la delincuencia procedente de colectivos inmigrados será la que mayor rechazo social y más actitudes de intolerancia provocará. 

Ante este panorama nada alentador, es un imperativo de primera necesidad el poner en funcionamiento campañas de concienciación colectiva, de cambio de actitudes públicas, de asunción de valores nuevos, etc., pues lo que en teoría puede parecer tan fácil de realizar, en la práctica puede verse paralizado por la opinión pública. 

Por lo tanto, siendo la delincuencia de los inmigrados uno de los fenómenos que, quizá, más en peligro puede poner el sueño del interculturalismo (pues en la mayoría de los países europeos, esta idea es sólo eso y nada más) urge poner en marcha la imaginación (y la voluntad social y política) para dar respuestas educativas e integradoras a ese colectivo - básicamente joven- que con su conducta nos estará diciendo constantemente que algo funciona mal en Europa.